International Vitamin Corp. presuntamente infringió la Ley de Reclamaciones Falsas al clasificar erróneamente importaciones procedentes de China como "libres de impuestos".
International Vitamin Corp., fabricante de vitaminas y suplementos de marca, ha acordado pagar 22,8 millones de dólares para resolver las acusaciones de violación de la Ley de Reclamaciones Falsas al eludir a sabiendas los derechos de aduana sobre las importaciones procedentes de China.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., IVC clasificó erróneamente las importaciones de materias primas y vitaminas a granel como libres de impuestos cuando, en realidad, esas mercancías estaban sujetas a importantes derechos de aduana.
Un antiguo analista financiero de IVC denunció la evasión de derechos de importación de IVC presentando una demanda qui tam al amparo de la Ley de Reclamaciones Falsas. Recibió una indemnización de 4,5 millones de dólares como denunciante en el acuerdo alcanzado por el gobierno de EE.UU. tras intervenir en el caso qui tam.
Uso de clasificaciones HTS erróneas
IVC, con sede en California, fabrica productos de marca para minoristas de renombre como Walmart, Walgreens, GNC, Sam's Club y Costco. Importa de China materias primas y vitaminas y suplementos a granel.
En el marco de su acuerdo con el Departamento de Justicia, IVC admitió haber facilitado a sabiendas a su agente de aduanas información errónea sobre clasificación arancelaria. En concreto, la empresa afirmaba falsamente que algunas de sus importaciones estaban clasificadas correctamente en partidas libres de impuestos de la Lista Arancelaria Armonizada de Estados Unidos, cuando, en realidad, estaban clasificadas en partidas sujetas a derechos arancelarios.
Las clasificaciones HTS erróneas fueron utilizadas por el agente en los documentos de entrada en aduana de IVC, lo que dio lugar a millones de dólares en derechos no pagados.
IVC siguió utilizando las clasificaciones HTS erróneas incluso después de que se le informara claramente de que eran incorrectas, alegó el Gobierno.
En concreto, una consultora externa contratada por IVC para revisar sus prácticas aduaneras le informó de que las clasificaciones HTS que declaraba para más de un centenar de productos eran inexactas. No obstante, IVC no notificó a la CBP las inexactitudes ni pagó los derechos adeudados por sus envíos anteriores, tal y como se le exigía. IVC tampoco cambió inmediatamente sus prácticas para empezar a declarar las clasificaciones HTS correctas.
En lugar de ello, la dirección de IVC suprimió las conclusiones del consultor, y un ejecutivo supuestamente aconsejó al personal que mantuviera el informe del consultor "en el DL" y otro instó a que se "destruyera", según la denuncia de la Ley de Reclamaciones Falsas presentada por el gobierno.
Evasión de derechos de importación y Ley de reclamaciones falsas
Los importadores están obligados a actuar con diligencia razonable para garantizar que los precios, las clasificaciones HTS, los países de origen y demás información que declaran en sus resúmenes de entrada del formulario CBP 7501 son verdaderos y exactos a su leal saber y entender. También tienen la obligación permanente de facilitar "inmediatamente" al CBP cualquier información obtenida posteriormente que contradiga declaraciones aduaneras anteriores. El gobierno alegó que IVC incumplió estos requisitos.
La evasión fraudulenta de derechos de aduana es un delito grave e infringe la Ley de Reclamaciones Falsas, que impone responsabilidades sustanciales a las partes que, a sabiendas, pagan de menos o cobran de más al gobierno de EE.UU. o a sus organismos. En virtud de las disposiciones qui tam de la ley, los particulares conocidos como denunciantes tienen derecho a demandar a los infractores en nombre del gobierno y a participar en los beneficios. Los denunciantes de falsas reclamaciones suelen recibir entre el 15% y el 30% de lo recuperado como recompensa.
Los aranceles y derechos de importación son una importante fuente de ingresos para el gobierno de Estados Unidos, sólo superados por los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las empresas. Por ello, la lucha contra el fraude aduanero es una prioridad del Departamento de Justicia.
El gobierno de EE.UU. confía en que los importadores declaren correctamente sus importaciones e informen y paguen con exactitud los derechos que adeudan. Con recursos limitados, la CPB sólo puede inspeccionar un pequeño porcentaje de las entradas en aduana. Por tanto, la naturaleza autodeclaratoria del proceso de entrada en aduana ofrece amplias posibilidades de fraude.
Además de clasificar erróneamente las mercancías en el HTS, los importadores eluden los derechos infravalorando sus importaciones, falsificando el país de origen o facilitando al CBP información inexacta.
El fraude aduanero no sólo defrauda al contribuyente estadounidense, sino que constituye una competencia desleal contra los importadores respetuosos de la ley. Se cree que está muy extendido, sobre todo en relación con los productos fabricados en China. En virtud de la Sección 301, el gobierno estadounidense ha impuesto aranceles adicionales de hasta el 25% a una amplia gama de productos fabricados en China. Muchos importadores eluden esos aranceles ilegalmente.
Los denunciantes de fraude aduanero -que suelen ser empleados de importadores que trabajan en abastecimiento, logística, compras o finanzas- no tienen por qué ser ciudadanos estadounidenses ni vivir en Estados Unidos.
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Aunque la lucha contra el fraude aduanero es una prioridad del Departamento de Justicia, los denunciantes tienen que presentar demandas qui tam para poder optar a una indemnización de la Ley de Reclamaciones Falsas. No basta con denunciar el fraude a través de una línea directa de la agencia.
