El Undécimo Circuito adopta una visión amplia del requisito de materialidad de Escobar, reviviendo una demanda Qui Tam de 240 millones de dólares por denuncia de irregularidades relacionadas con comisiones no permitidas incluidas en garantías de préstamos hipotecarios de la VA.

El Tribunal adopta un "enfoque holístico" de la materialidad y rechaza centrarse estrictamente en la "decisión de pago" final, lo que supone una importante victoria para los denunciantes qui tam y para el Gobierno.

El Segundo Circuito dictamina que la "decisión de pago" pertinente del gobierno en virtud de Escobar incluía la decisión inicial de la Administración de Veteranos de adjudicar contratos basados en la afirmación de que el contratista reunía los requisitos para ser una "pequeña empresa propiedad de veteranos discapacitados", y no sólo las decisiones posteriores de la Administración de Veteranos de efectuar pagos en virtud de esos contratos.

El Tribunal afirma que los dictámenes médicos controvertidos pueden ser objeto de enjuiciamiento por un jurado, creando una división de circuito y allanando el camino para demandas similares de denunciantes.

A pesar de las denuncias de los denunciantes, la agencia federal insiste en que no fue defraudada