Abogado especializado en denuncias de fraude en contratación pública y adquisiciones

El fraude en la contratación pública consiste esencialmente en inflar artificialmente los costes de los productos o servicios vendidos al Gobierno o en entregar al Gobierno productos o servicios que no son los que éste había negociado. Abarca una amplia gama de prácticas ilegales, entre ellas:

• Presentar facturas fraudulentas, ya sea exagerando la cantidad de bienes o servicios prestados, aplicando precios o tarifas de facturación superiores a los contratados, o facturando más de una vez por el mismo producto o servicio (doble facturación).
• Vender productos o bienes defectuosos o que no cumplan los requisitos de prueba o inspección, o que no satisfagan las reglas, normas o especificaciones contractuales o reglamentarias.
• Inflar o falsear los costes incurridos en virtud de contratos de "coste incrementado" o los costes previstos en relación con contratos "sin licitación" o de "proveedor único" o "proveedor único".
• Falsear la idoneidad de una empresa para suministrar el producto o servicio en cuestión. Por ejemplo, algunos contratos solo admiten ofertas de empresas que reúnan los requisitos para ser consideradas pequeñas empresas.
• Falsear las cualificaciones o la formación de los empleados u otro personal para realizar determinadas tareas o funciones.
• Sustituir productos autorizados por otros no autorizados o falsear el tipo, grado, calidad o procedencia de los productos o componentes. Por ejemplo, un contratista puede sustituir fraudulentamente equipos reacondicionados o usados en un contrato que requiera equipos nuevos o vender productos fabricados en China en lugar de Estados Unidos, infringiendo los requisitos aplicables de "Buy American".
• Inflación de costes, gastos o solicitudes de reembolso al no revelar la recepción de descuentos o rebajas, o al utilizar empresas ficticias o transacciones con partes vinculadas no reveladas para canalizar pagos indebidos.
• Coludir con otros proveedores para amañar licitaciones (bid-rigging) o repartirse el mercado de contratos públicos.
• Pagar comisiones ilegales, sobornos o gratificaciones indebidas para conseguir contratos públicos o para asignar negocios públicos entre proveedores competidores.
• Cobro cruzado o transferencia de costes de contratos de "precio fijo" a otros contratos de "coste incrementado" que el mismo contratista tiene con el Gobierno, cobrando así de más en relación con estos últimos.
• Sobrestimar los precios que un contratista cobra a los clientes del sector privado al negociar las ventas al Gobierno.
• Presentar ofertas o propuestas de contrato que contengan información falsa o engañosa u omisiones.
• Falsificación o manipulación de datos.
• Falsificar informes de progreso o informes de finalización.
• Facturación de gastos o costes no autorizados.

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